WASHINGTON, DC- La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) condena el cierre de 34 radiodifusoras privadas por parte del gobierno venezolano y se opone rotundamente a un proyecto de ley que pondría a los periodistas tras las rejas por una amplia serie de supuestos “delitos mediáticos”.

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El propio gobierno admitió que el cierre de estas 34 radiodifusoras es la primera de otras medidas similares que se están considerando contra alrededor de 200 estaciones de todo el país. La guerra declarada por el Presidente Hugo Chávez sobre ciertos medios de oposición llegó a un nuevo nivel de agresividad el lunes cuando 35 militantes oficialistas irrumpieron en la sede de Globovisión con armas de fuego, y arrojaron dos bombas lacrimógenas que hirieron a dos personas.

La NAHJ exhorta a las autoridades a investigar el incidente ocurrido en Globovisión y disponer la protección efectiva de los periodistas y empleados de la estación televisiva. (Los informes de prensa indican que la dirigente del violento incidente, Lina Ron, fue arrestada en la tarde del martes.) La asociación urge asimismo al gobierno a que reconsidere su intento de aprobar la ley especial contra delitos mediáticos, a la cual consideramos un ataque verdadero de gran alcance contra la libertad de expresión y de prensa.

El proyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional del país por la fiscal general Luisa Ortega Díaz establece penas de cárcel que varían entre seis meses y cuatro años para los periodistas y dueños de medios que publiquen o difundan “noticias falsas” o que “manipulen o tergiversen las noticias”, con el propósito de “generar una falsa percepción de los hechos o crear una matriz de opinión en la sociedad, en la medida que dicha acción altere la paz social, la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o la moral pública”.

Dicho proyecto también establece prisión para los periodistas o dueños de medios que se nieguen a identificar sus fuentes o “que en forma voluntaria y sin justificación alguna se nieguen a informar sobre hechos o situaciones cuya falta de difusión podría perjudicar el de derecho a la información” bajo la constitución del país. En resumen, los periodistas serían encarcelados por publicar información “errónea” según la opinión del gobierno, o por no publicar lo que el gobierno quiere que publiquen.

Los funcionarios gubernamentales han dicho que el asalto a las radiodifusoras y a algunos canales de televisión es un esfuerzo por “democratizar” a los medios y devolverle a la gente la radio controlada por intereses particulares en Venezuela.

Aunque hay lugar y necesidad de medios patrocinados por el gobierno, que el gobierno aumente el control de medios es otra cosa. Resulta claro que la campaña continua contra los medios privados es un intento por silenciar el disentimiento y la crítica al gobierno. Como manifestó la propia fiscal general Ortega, “Es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión. Reclamo que se le ponga un límite a ese derecho”

Apoyamos a nuestros colegas que marchan en Caracas o protestan a través de altavoces en una plaza pública denunciando este hecho como un ataque a la libertad de prensa, lo cual no favorece el diálogo cívico y la libre difusión de opiniones esencial para una democracia saludable.

Proyecto de ley especial contra delitos mediáticos

http://english.eluniversal.com/2009/08/03/en_pol_esp_draft-special-law-ag_03A2581803.shtml

Artículo de AP sobre el cierre de radiodifusoras en Venezuela

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iCcAJIcCkFxq318tiWULvz7P5-nwD99RN4CG1

Artículo de AFP sobre el proyecto de ley contra delitos mediáticos de Venezuela

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iFG1PgKQkBNEoV0ZgvKhMeNT62bQ